7. Conclusiones

El aumento de la reticencia a las vacunas, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ha suscitado preocupación sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. Es una realidad que muchas personas tienen serias inquietudes y preguntas sobre las vacunas. Algunos dudan en vacunarse y otros se niegan a hacerlo. La distribución de desinformación generalizada ha puesto a prueba la confianza pública, lo que subraya la necesidad de una comunicación clara de información basada en la evidencia sobre la seguridad de las vacunas. Todos los involucrados en la distribución de vacunas, desde el personal de salud pública hasta los médicos, los legisladores y los investigadores, deben escuchar las preocupaciones de la gente. Las preguntas deben responderse utilizando el mejor conocimiento disponible; lo que se sabe y lo que no se sabe debe comunicarse con transparencia; y los beneficios y los riesgos (incluidos los posibles efectos secundarios) deben explicarse con claridad.

Los líderes responsables deben aprovechar las décadas de conocimiento acumulado sobre las vacunas y animar a la gente a consultar los datos que respaldan la vacunación. No deben propagar ideas que no se ajusten a las recomendaciones de salud pública aceptadas y basadas en hechos. Quienes evitan las vacunas ponen en riesgo innecesario su propia vida, la de sus familias y la de sus comunidades.

Se suele decir que la primera responsabilidad de cualquier gobierno es la seguridad y la protección de su población. Esta debería ser su máxima prioridad por encima de cualquier otra cosa. Esto por sí solo debería ser motivo suficiente para que los legisladores animen a la gente a vacunarse y a vacunar a sus hijos. Las vacunas salvan vidas, y poner en duda su seguridad podría tener consecuencias peligrosas y de gran alcance.

La comunidad científica debe exigir, por el bien de la salud de sus países, a todos los líderes, ya sea políticos o sociales, a no ignorar ni contradecir las recomendaciones respaldadas por un consenso de evidencia científica. Los responsables políticos deben instaurar un clima de confianza en el sistema que contribuya a fomentar la vacunación de la población. Los ataques a las vacunas y la cancelación de investigaciones sobre las causas de la reticencia a vacunarse ponen en peligro a las personas.